Artigas contará con un laboratorio de la Universidad de la República para el estudio de la garrapata de ganado en la región. El pasado jueves el Consejo del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte aprobó por unanimidad la instalación del “Laboratorio de estudios de sensibilidad a acaricidas en la garrapata común del ganado” en la Casa de la Universidad de Artigas. Se estima que el mismo esté en funcionamiento en los próximos meses.

La ganadería es la principal producción en Artigas, donde el problema de la garrapata de ganado y la resistencia que genera produce importantes perjuicios.

La Dra. Mag Tatiana Saporiti y el Dr. Guzmán Álvarez, son los docentes investigadores de la Udelar encargados de impulsar este laboratorio en el marco del proyecto “Abordaje integrado para el control de la Garrapata del Ganado”. Este proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de Parasitología de la DILAVE Montevideo dirigido por la Dra. Mag Solari. Articula principalmente con el área de hemoparásitos, a cargo de la Dra. Mag Solari, y ectoparásitos, a cargo de Dr. Cuore.

Los mismos explicaron sobre los alcances del laboratorio “dicho proyecto tiene como cometido encarar tres puntas relacionadas a la problemática de la parasitosis por garrapata en el ganado. Estas son la detección y desarrollo de nuevas moléculas acaricidas, el análisis de residuos de productos garrapaticidas en el ambiente, así como el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico de resistencia a las moléculas acaricidas”.

“Una de las actividades a realizarse para cumplir con el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico de resistencia implica realizar el muestreo de poblaciones de campo de garrapatas delganado (R. microplus) y analizar su perfil de resistencia por medio de bioensayos tradicionales. El muestreo se estará realizando principalmente en los departamentos de Rivera, Artigas, Salto y Paysandú”.

Los investigadores consideran que por este motivo “disponer de un laboratorio para cumplir con los bioensayos de resistencia en esta región es clave para llevar adelante este proyecto y facilitaría mucho la remisión de muestras. Consideramos, por lo tanto, que el departamento de Artigas se encuentra en un punto medio entre estos departamentos”.

La docente investigadora Tatiana Saporiti, quien reside en Artigas, será quien estará a cargo de poner a punto los bioensayos en este laboratorio y realizará las pruebas de resistencia a las poblaciones de campo. Esta ha sido su área de estudio y desarrollo profesional, realizando su maestría, titulada “Uso del test de inmersión de adultos modificado para fluazurón y del test de paquete de larvas para diagnosticar la resistencia de 14 poblaciones de campo de Rhipicephalusmicroplus a los 6 grupos químicos habilitados en Uruguay”, en esta área. Incluso parte del proyecto “Abordaje integrado para el control de la Garrapata del Ganado” involucra su trabajo de Doctorado titulado “Desarrollo de herramientas para enfrentar la resistencia de la garrapata Rhipicephalusmicroplus”.

Los docentes explicaron la finalidad del proyecto “dada la problemática que implica esta parasitosis en la región pretendemos poder brindar apoyo para poder encarar este tema con más herramientas y obtener información, a partir de las distintas líneas de investigaciones que se realizarán en este proyecto, que sean de utilidad para trabajar en este problema. Por lo tanto será de gran importancia para el departamento de Artigas contar con un laboratorio con esas características para el apoyo al sector ganadero”.

El laboratorio es un gran logro en el proceso de descentralización universitaria y en la consolidación de la Casa Universitaria de Artigas, atendiendo que más allá del cometido específico, contará con capacidad en equipamiento, por lo que el mismo podría también ser utilizado en apoyo a otros proyectos o tareas que se desarrollen en la zona.

La comunidad científica de Uruguay respalda la carta de la Academia Nacional de Ciencias (ANCIU), la Universidad de la República (Udelar) y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) acerca de los perjuicios que trae para las instituciones que hacen ciencia el decreto 90 del Poder Ejecutivo que impone una reducción de 15% del prespuesto para gastos e inversiones a partir de marzo de 2020. Docentes del Cenur Litoral Norte participan de la declaración.

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Declaración No a los Recortes a la Ciencia

El martes 2 de junio, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República emitió una declaración sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración en tratamiento en el Poder Legislativo. 

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Montevideo, 2 de junio de 2020

Visto:

• El proyecto de Ley de Urgente Consideración en tratamiento en el Poder Legislativo.
• El mandato constitucional que tiene la Universidad de la República en cuanto a generar insumos para la comprensión pública de temas públicos relevantes a nivel nacional.

Tras tomar conocimiento de:

• Los insumos técnicos elaborados por académicas/os especialistas en educación de la Universidad de la República(1) y los materiales generados por órganos del cogobierno universitario.(2)
• Los informes remitidos a este Consejo por los grupos creados ad hoc para el estudio de las secciones de Educación, Seguridad, Economía y Empresas Públicas y Comunicación del proyecto de LUC y los cambios en la normativa que allí se introducen.(3)(4)(5)
• El documento firmado por un grupo multidisciplinario de investigadores de diversos servicios de la Universidad de la República con una extensa experiencia de investigación sobre biodiversidad y áreas protegidas, donde expresan su preocupación por las posibles consecuencias ambientales negativas de la aprobación de los artículos de la LUC que propone cambios en el proceso de ingreso de áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).(6)

Y considerando: 

• Las implicancias directas e indirectas que tiene la temática educativa en ese proyecto en una institución como la Universidad de la República.

• Los debates que han generado distintos colectivos universitarios en torno a este tema en las últimas semanas.
• La importancia de preservar la más amplia libertad de expresión de individuos o colectivos como condición necesaria para sustentar la deliberación pública en cualquier democracia.
• El derecho inalienable al acceso a la información pública, no solo como base sobre la cual descansan los derechos de opinión y expresión, sino también como mecanismo de control ciudadano.
• Lo poco adecuado del mecanismo de urgente consideración para el tratamiento de este complejo y variado conjunto de temas.
• La gran cantidad de cambios que se han hecho al proyecto de LUC sobre la marcha y fuera del ámbito parlamentario, así como otros en el ámbito de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores.
• La dificultad que ha enfrentado la sociedad civil para pronunciarse sobre esos temas antes las convocatorias al Parlamento en plazos y tiempos extremadamente breves.
• Las dificultades que ha enfrentado el Parlamento para abordar ese conjunto de temas tan relevantes en tiempos sumarios.

El Consejo Directivo Central

de la Universidad de la República

Respecto de la sección sobre Educación:

1. Hace suyo el análisis, los fundamentos y las propuestas contempladas por la Asamblea General del Claustro en su sesión del 19 de mayo, en la cual se propuso «sustraer la sección III en su totalidad del Proyecto de Ley de Urgente Consideración y habilitar la discusión de las transformaciones que se sugieren, sin las limitaciones de participación democrática que el carácter de urgente consideración del proyecto de ley impone, en un marco de libertad irrestricta».
2. En cuanto a propuestas específicas sobre el articulado de la sección III del proyecto de ley:
   1. Reafirma lo ya expresado en la nota del señor rector del 15 de mayo al presidente de la Comisión Especial del Senado(7), en cuanto a «impulsar la constitución de un Sistema Nacional de Educación Pública, que asegure mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Cultura y los entes autónomos de la enseñanza», así como los cambios propuestos en el literal a de dicha nota referidos a la integración y cometidos de la forma de implementar la coordinación prevista en el art. 202 de la Constitución de la República.
   2. Reitera «la convicción y la necesidad de tener un Sistema Nacional de Educación Pública, que viabilice la articulación de todo el sistema educativo. Las instituciones de educación pública del país deben coordinar, articular y tener espacios acreditados, donde las políticas públicas educativas se encuentren y desarrollen ampliamente los alcances de coordinación y complementariedad. Para ello, se requiere mantener un Sistema de Educación Pública que favorezca la existencia de espacios de coordinación específicas en el sector», con una mirada amplia de la educación para su «desarrollo constante en todo el territorio nacional»(8), lo que significaría modificaciones en los artículos que se señalan en el documento del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para garantizar las funciones del Congreso Nacional de Educación, la participación de la Universidad de la República en las comisiones departamentales de educación aunque no tenga sede en algunos departamentos específicos, la autonomía técnica del Ineed, y mantener las formas de participación de la Udelar en el Conenfor y el espíritu que rige actualmente la educación no formal y la educación específica para personas jóvenes y adultas.
   3. Con relación al Plan de Política Educativa Nacional, reafirma «la necesidad de incluir la mayor cantidad de actores como parte de la discusión sobre el futuro de la educación», en sintonía con la propuesta emanada del 3.er Congreso Nacional de Educación «acerca de la necesidad de contar con un Plan Nacional de Educación que, lejos de ser excluyente, como propone el actual articulado del proyecto de Ley, sea producto de la deliberación de la que participen la más amplia diversidad de actores sociales, educativos y políticos y que supere la visión que restringe esta prerrogativa al Poder Ejecutivo excluyendo a los educadores como parte de este proceso».(9) En este sentido, se proponen cambios a las redacciones de los artículos 145 y 152 del proyecto de LUC que ingresó al Senado para su discusión para que el Plan de Política Educativa sea elaborado por los respectivos organismos estatales autónomos de enseñanza y no centralmente desde el MEC y para que se incluya entre los cometidos del Codicen la participación en la elaboración de este plan. 
   4. En relación con la «formación en educación», reitera la «preocupación por el nivel universitario de la formación de los profesionales de la educación», ya que «Las propuestas que se contemplan en el proyecto de ley no se sustentan en una concepción en la cual se articula y se retroalimentan enseñanza e investigación, procurando a su vez intercambios con el medio social a través de la extensión». La Universidad de la República tiene una trayectoria de investigación y de enseñanza de grado y posgrado que, una vez más, pone a disposición para contribuir al nivel universitario de los profesionales que la educación requiere y requiera.(10) En este sentido, se propone reformular la redacción de diversos artículos, siguiendo el documento del IE de la FHCE, entendiendo la necesidad de que «la formación en educación tenga carácter universitario» y de que las propuestas de formación se amplíen «en función de los nuevos requerimientos sociales»; así como revisar la eliminación del Instituto Universitario de Educación y la futura dependencia del MEC de la nueva institucionalidad que se propone. Entiende también que el sistema nacional de becas propuesto debería inscribirse en una institucionalidad universitaria que se encargue de la formación de nivel universitario en educación.(11) Asimismo, manifiesta su preocupación por el procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de las carreras de formación docente públicas previsto en el art. 198.
   5. Con respecto a los tratados internacionales, la Universidad de la República considera que deben preservarse, en todos sus términos, las restricciones a la operación de instituciones con fines de lucro en el sistema educativo uruguayo. Por esta razón, propone mantener la redacción original de la Ley General de Educación al respecto.(12)
   6. En lo referido a la reválida de títulos universitarios, propone la eliminación del artículo 204 de la LUC, en el que se pasa a la órbita del MEC la reválida de títulos universitarios.
3. En cuanto a otros aspectos que hacen al funcionamiento operativo de la Universidad de la República, en la Sección II, Capítulo III (Eficiencia del Estado, Contratación administrativa), el artículo 310 reafirma los cambios propuestos por el señor rector en la nota del 15 de mayo.  
4. Reafirma por último que «Los estudios comparados a nivel internacional en el terreno educativo, especialmente los relacionados con las reformas, alertan sobre la necesidad imperiosa de que todo proceso de cambio se laude por medio de un intercambio democrático, plural y fecundo con el conjunto de la sociedad y los actores involucrados. La evidencia internacional, así como los comparativistas dan cuenta que la participación en los procesos de cambio educativo son la única garantía de su efectividad».(13)

Respecto de la sección sobre Seguridad entiende que:

• Son preocupantes los contenidos del proyecto de LUC referidos a la seguridad ciudadana, en tanto son en general regresivos en materia de derechos humanos y contravienen la legislación nacional vigente, la normativa internacional y sus orientaciones doctrinarias, así como las recomendaciones de investigadores y académicos en la materia. 
• Las propuestas erosionan las garantías, propias de un Estado de derecho, que cuentan con larga tradición en el país, y ambientan la reproducción de la violencia estatal e institucional al conferir amplia discrecionalidad a las agencias de control social sin fortalecer mecanismos institucionales que la prevengan. 
• El conjunto de las propuestas podría generar consecuencias no deseadas y efectos perversos en la administración de la justicia, para los cuales no se prevén mecanismos de reducción de los efectos más nocivos en orden al cumplimiento del artículo 26 de la Constitución, como puede ser el hacinamiento carcelario o el desbordamiento de las fiscalías, entre otros. 
• Las normas propuestas relacionadas con «estupefacientes» desatienden los aspectos relativos a la salud pública en favor de medidas punitivas que resultan simbólicas y represivas. De entrar en vigor, estas normas pueden contribuir a un aumento de la razón de presos por habitante, en tanto para estos delitos se prevé la prisión preventiva preceptiva, con el agravante de que no se dispondrá del derecho a salidas transitorias, a la redención de penas por trabajo o estudio, al régimen de libertad vigilada o a la suspensión condicional del proceso. La experiencia internacional comparada indica que este camino no reduce el uso problemático de drogas y tampoco disminuye los niveles de violencia, sino que tiende a aumentarlos.
• El conjunto de normas que modifican la Ley de Procedimiento Policial y el Código de Proceso Penal presenta riesgos para las libertades republicanas al ampliar las facultades de la Policía y relajar los controles a los que debe someterse, así como al habilitar a policías y militares retirados a portar armas y permitir a estos últimos intervenir en tareas policiales. Además, al duplicar el tope horario mensual individual del régimen conocido como 222, empeora las condiciones laborales de los funcionarios policiales. Por otra parte, en el proyecto de LUC se propone que la Policía adquiera potestades de investigación de los delitos más allá de la autoridad de la Fiscalía en la conducción de las investigaciones así como la capacidad de detener personas administrativamente para tomarles declaración sin autorización fiscal. Especialmente preocupante es la determinación de que el control de identidad podrá efectuarse en cualquier caso, «cuando la Policía así lo requiera», sin que se lo condicione a un procedimiento policial para la detención de personas requeridas o fugadas ni se lo limite a «casos fundados». Si la persona no contara con documento de identidad, la Policía estará facultada a conducirla a sus dependencias. Al abrir la puerta a las detenciones arbitrarias, esta modificación rebaja las garantías ciudadanas y expone sobre todo a personas que hacen uso del espacio público, como las que están en situación de calle, las y los jóvenes, las personas que protesten en la vía pública y a los propios funcionarios policiales, pues el uso de este instrumento puede erosionar la confianza en la institución policial y poner en riesgo la convivencia. 
• Las normas propuestas en relación con los y las adolescentes en conflicto con la ley penal conjugan el incremento de la privación de libertad con la limitación de la aplicación de la semilibertad y la suspensión condicional del proceso, contraviniendo la normativa nacional y las recomendaciones y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, que abogan para que la privación de libertad sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible. Se desconocen así las especiales características de la población adolescente al tiempo que se privilegia el contenido sancionatorio, se limita la aplicación de medidas alternativas o de mecanismos liberatorios y no se menciona expresamente el fortalecimiento de medidas que contrarresten los efectos perjudiciales de la institucionalización y fomenten la integración social de los y las adolescentes. 
• Los artículos propuestos sobre la privación de libertad complejizan la gestión de las cárceles y su convivencia interna, van en contra de las recomendaciones internacionales, maximizan el uso del derecho penal, desconocen los problemas actuales de las cárceles uruguayas y obstaculizan el derecho al trabajo y a la educación de las personas privadas de libertad. 
• La restricción del derecho a huelga presente en el proyecto es inadmisible en tanto intenta reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental a través de un mecanismo excepcional que se utiliza en situaciones de urgencia. Asimismo, esta propuesta incumple el mandato constitucional en tanto no garantiza el ejercicio pleno  de este derecho. Por otra parte, es cuestionable que se equipare un derecho fundamental internacionalmente reconocido y en plena vigencia con la potestad del empleador de ingresar a una empresa, así como que se proclame un nuevo derecho del no huelguista, al que en todo caso se le debe reconocer y amparar en su derecho al salario.(14) 
• Lo establecido en el capítulo correspondiente a la protección de la libre circulación supone la vulneración del derecho a la protesta pacífica e introduce un componente de arbitrariedad preocupante al conceder a la autoridad policial la potestad de detener personas ante «hechos de apariencia delictiva».
• La protesta social, tal como se reconoce en las recomendaciones y normativas internacionales vigentes y ratificadas por el Estado uruguayo, es un derecho. En el sistema interamericano se establece que no se puede suprimir el derecho a la manifestación en espacios públicos (espacios de manifestación por excelencia) para garantizar la circulación rutinaria, que es lo que se propone en este proyecto. Las protestas —y el piquete como una de sus modalidades— son indispensables para la consolidación democrática, por lo que suponen un uso legítimo del espacio público y del ejercicio de las libertades de reunión y de expresión.  

Respecto de las modificaciones en el ámbito de las comunicaciones y el acceso a la información pública declara que:

1. Hay aspectos del proyecto de LUC que pueden tener efectos positivos, como la obligación de los entes autónomos y servicios descentralizados de publicar sus estados contables anuales. 
2. Parece también positivo el avance hacia una mayor independencia de la URSEC respecto del Poder Ejecutivo, siempre y cuando sus competencias se limiten a la regulación de aspectos técnicos y se articule con políticas públicas claras que aseguren el acceso de toda la población a servicios básicos y bienes culturales y no se guíe exclusivamente por criterios de mercado.
3. Los artículos referidos a la portabilidad numérica pueden afectar considerablemente la operación de los servicios de telecomunicaciones y que merecerían un estudio más cuidadoso que no es posible en el marco de una ley de urgente consideración. 
4. Rechaza que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado tenga la potestad de declarar como «información secreta» actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, ya que implica un retroceso en términos de transparencia para con la ciudadanía y, al mismo tiempo, debilita el necesario control recíproco entre los poderes del Estado.
5. A su vez, preocupa la modificación del artículo 173 del Código Penal, donde se establece el agravio a la autoridad policial, ya que si bien excluye la mera discrepancia, la redacción del artículo establece que es sancionable el agravio a la autoridad policial mediante palabras, escritos o hechos, lo que podría constituirse en una limitación a la libertad de expresión consagrada en la Constitución de la República.

Respecto de la sección sobre Economía y empresas públicas considera que:

1. Si bien es oportuno discutir y evaluar la regla fiscal actual, que merece revisión, la falta de lineamientos específicos para la implementación de la nueva regla fiscal propuesta no garantiza su efectividad e incluso puede resultar contraproducente, ya que establece rigideces excesivas que pueden no ser adecuadas, por ejemplo, para afrontar circunstancias como las que actualmente estamos viviendo.
2. Es compartible la necesidad de mejorar la regulación de los mercados en los que operan las empresas públicas y contribuir a la transparencia de su gestión. No obstante, a pesar de que se han retirado artículos que generaban honda preocupación respecto al cuidado por parte del Estado del patrimonio de sus empresas públicas, se mantienen reformas que podrían favorecer la privatización de recursos estratégicos y se plantean ámbitos y formas de regulación que, buscando promover la competencia y la participación privada en los mercados, pueden poner en cuestión la  viabilidad de largo plazo de las empresas públicas y dificultar que cumplan funciones de alto interés social y nacional.
3. Las modificaciones contenidas en el capítulo de libertad financiera podrían favorecer el lavado de activos, la evasión fiscal, la corrupción y la informalidad, aspectos en cuya regulación se han logrado avances importantes en los últimos tiempos.

Respecto de los artículos relativos a la modificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, considera que

1. La conservación de la biodiversidad y la protección ambiental son temas de interés general y propiciar un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible que asegure la protección del ambiente es un deber fundamental del Estado según se desprende del art. 47 de la Constitución de la República y se establece específicamente en la Ley General del Ambiente (n.º 17283 del año 2000). En este sentido, expresa su preocupación respecto a los posibles efectos negativos que estas modificaciones podrían generar sobre el desarrollo del SNAP, al debilitarlo y comprometer su expansión y eficacia para enfrentar las crecientes presiones y amenazas sobre el ambiente.
2. Existen múltiples evidencias de una creciente degradación ambiental del país, en particular debida a la modificación y a la pérdida de ecosistemas naturales y de la biodiversidad asociada, y que el SNAP es una herramienta fundamental para la conservación y el desarrollo sostenible.
3. Son preocupantes las consecuencias que los cambios en el proceso de ingreso o reconocimiento de las áreas protegidas del SNAP generarán en relación con el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional, tanto en lo que refiere al Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU, como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los acuerdos internacionales relacionados con estos que afectan las metas de conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y a la expansión del SNAP.
4. La expansión territorial y mejora del SNAP debería ser una política nacional de Estado, como herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad, la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
5. Si bien en la última versión del proyecto de LUC el requisito del consentimiento expreso del propietario privado fue removido, se introdujo como requerimiento el acuerdo de los gobiernos departamentales competentes y en cumplimiento de las disposiciones departamentales de ordenamiento territorial, lo que resulta ilógico tratándose de un sistema nacional. En relación con este aspecto, manifiesta su rechazo a las modificaciones contenidas en el proyecto de LUC sobre el proceso de ingreso de tierras privadas al SNAP.
6. En definitiva, los cambios previstos en el proyecto de LUC tendrían un impacto negativo directo sobre el desarrollo futuro del SNAP, que tendría grandes dificultades para crecer en superficie debido a la mayor complejidad para incorporar predios privados. Esto debilitará la principal infraestructura nacional para la conservación de la biodiversidad, que será cada vez menos eficiente para enfrentar las crecientes presiones y amenazas sobre el ambiente. 
7. Es así que corresponde alertar sobre el grave precedente que estas modificaciones pueden generar a la hora de aplicar otro tipo de políticas o medidas ambientales que necesariamente afectarán predios privados (medidas cautelares, zonas de exclusión para determinados tipos de producción agrícola o industrial, planes de gestión de cuencas o instrumentos de ordenamiento territorial).

Para finalizar, resuelve:

Que se hagan públicos los documentos producidos por las comisiones ad hoc que asesoraron a este Consejo, donde se profundiza sobre los temas aquí vertidos, y se los envíe al Poder Legislativo como insumo para la discusión. Del mismo modo, poner a disposición a las y los investigadores y académicos de nuestra casa de estudios que puedan contribuir a la comprensión pública de este tema en el proceso de tratamiento de la LUC, remarcando la total disposición de la Universidad de la República a mantener la colaboración con las autoridades en los ámbitos institucionales nacionales y locales pertinentes.

Descargue la declaración en pdf.

(1). Informe al CDC del Grupo de Trabajo creado para el estudio de los contenidos del Proyecto de Ley de Urgente Consideración en materia de educación y/o que afectan el funcionamiento de la Universidad de la República.

(2). Resolución de la AGC 19/05/2020

(3). Aportes de la Comisión creada por el Consejo Directivo Central para el análisis de la Sección I de la Ley de Urgente Consideración, titulada: Seguridad Pública

(4). Acceso a la Información, Comunicación y Medios en la Ley de Urgente Consideración

(5). Comentarios sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) Comisión ad-hoc UDELAR  Sección IV – Economía y Empresas Públicas

(6). Posibles efectos de la aprobación de los artículos 500 y 501 de la Ley de Urgente Consideración sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

(7). Nota del rector al presidente de la Comisión Especial del Senado, del 15 de mayo; Documento del Instituto de Educación de la FHCE del 5 de mayo y el Informe Complementario a la Comisión Especial después de su comparecencia del 15 de mayo; y la Declaración de la Asamblea General del Claustro (AGC) del 19 de mayo de 2020.

(8). Ver Declaración de la AGC del 19 de mayo 2020.

(9). Ver Declaración de la AGC del 19 de mayo 2020..

(10). Ver Documento del Instituto de Educación de la FHCE del 5 de mayo, p. 25.

(11). Ver Documento del Instituto de Educación de la FHCE del 5 de mayo, p. 13.

(12). Ver nota del rector al presidente de la Comisión Especial del Senado, del 15 de mayo.

(13). Ver Documento del Instituto de Educación de la FHCE del 5 de mayo, p. 2.

(14). Este numeral fue aprobado con 16 en 17 votos.

Resolución adoptada por el Consejo Directivo Central  el 12.05.2020

"Exp. N° 011000-001204-20 y adjs. - Mantener criterios de acceso restrictivo a los edificios universitarios hasta el 31 de mayo próximo, sin perjuicio de que se podrán definir e instrumentar, progresiva y gradualmente, actividades laborales sobre la base de los siguientes puntos y siempre contemplando la seguridad sanitaria:

1 - Los Servicios Universitarios deberán asegurar el funcionamiento de áreas necesarias para mantener las actividades de investigación, extensión y los apoyos requeridos para desarrollar la función de enseñanza, así como actividades de gestión imprescindibles.

2 - En particular se encomienda a los Servicios determinar espacios para la conectividad de estudiantes con dificultades para mantener sus actividades a distancia y criterios para el uso de instalaciones de investigación que evita la discontinuidad y pérdidas irreversibles en esta materia.

3- Aquellas actividades que no resulte factible realizar a distancia y requieren trabajo presencial deberán implementarse asegurando criterios de limpieza y distancia física rigurosos, tal como se estableció desde el arranque.

4 - Trabajar junto con las asociaciones gremiales desde el Pro Rectorado de Gestión en la definición de un protocolo general para guiar el trabajo presencial.

5 - Las Sedes de Artigas, Rivera y Treinta y Tres deben mantener actividades imprescindibles.

(18 en 18)"

COMUNÍQUESE Y DIFÚNDASE AMPLIAMENTE

Resolución adoptada por el Consejo Directivo Central  el 12.05.2020

"Exp. N° 011000-001204-20 y adjs. - Mantener criterios de acceso restrictivo a los edificios universitarios hasta el 31 de mayo próximo, sin perjuicio de que se podrán definir e instrumentar, progresiva y gradualmente, actividades laborales sobre la base de los siguientes puntos y siempre contemplando la seguridad sanitaria:

1 - Los Servicios Universitarios deberán asegurar el funcionamiento de áreas necesarias para mantener las actividades de investigación, extensión y los apoyos requeridos para desarrollar la función de enseñanza, así como actividades de gestión imprescindibles.

2 - En particular se encomienda a los Servicios determinar espacios para la conectividad de estudiantes con dificultades para mantener sus actividades a distancia y criterios para el uso de instalaciones de investigación que evita la discontinuidad y pérdidas irreversibles en esta materia.

3- Aquellas actividades que no resulte factible realizar a distancia y requieren trabajo presencial deberán implementarse asegurando criterios de limpieza y distancia física rigurosos, tal como se estableció desde el arranque.

4 - Trabajar junto con las asociaciones gremiales desde el Pro Rectorado de Gestión en la definición de un protocolo general para guiar el trabajo presencial.

5 - Las Sedes de Artigas, Rivera y Treinta y Tres deben mantener actividades imprescindibles.

(18 en 18)"

COMUNÍQUESE Y DIFÚNDASE AMPLIAMENTE

Este llamado está dirigido a impulsar iniciativas concretas y de corto plazo que contribuyan a enfrentar la situación de emergencia sanitaria y social generada por el COVID 19 y sus impactos.

Justificación

La situación crítica que atraviesa el país y la responsabilidad que tiene la Universidad de la República de aportar a la mitigación de la pandemia, así como de contribuir al bienestar general de la población con particular foco en los efectos sociales y económicos que perjudicarán duramente a los sectores más vulnerados de la sociedad, han despertado un fuerte compromiso de parte de funcionarios/as, docentes, estudiantes y egresados/as que se expresaen acciones e iniciativas concretas de colaboración cotidiana.

En este marco, se vuelve necesario pensar en clave de extensión e integralidad y articular saberes de diversas disciplinas con saberes comunitarios, para ensayar respuestas a una profunda crisis que trasciende -claramente- lo sanitario. La cercanía de diferentes equipos universitarios con organizaciones sociales y vecinales que actualmente procesan alternativas frente al desastre, así como la presencia de la Udelar en múltiples territorios a lo largo y anchodel país, configuran dos fortalezas que es preciso potenciar en este contexto. Las circunstancias exigen líneas de trabajo en dos tiempos: durante la emergencia y de cara al futuro próximo que estará atravesado, a todo nivel, por el impacto.

● El presente llamado se concentra en la emergencia, por lo que contempla los siguientes desafíos:

1. Desplegar acciones basadas en el cuidado, cumpliendo y promoviendo las medidas indicadas en ese sentido por las autoridades sanitarias y universitarias, lo que implica concebir dispositivos e iniciativas novedosos, recurriendo a la creatividad y a los medios tecnológicos disponibles.

2. Diseñar actividades ejecutables en el corto plazo y en tiempos acotados, por lo que puede resultar muy pertinente apoyar actividades vinculadas con procesos que ya estén en marcha, aunque ello no constituye un requisito excluyente.Siendo múltiples las actividades, parece imprescindible generar propuestas variadas que se valoren como pertinentes en el diálogo con los actores sociales de los distintos territorios. Se plantea a modo de ejemplo:

● Actividades de divulgación científica y cultural que favorezcan la comprensión del problema en todas sus dimensiones, con aportes de todas las áreas del conocimiento, en formatos capaces de llegar a diferentes interlocutores;● Actividades de comunicación y/o difusión que amplifiquen las voces de las organizaciones sociales y vecinales de todo el país, y que contribuyan a diversificar los contenidos (considerando criterios de calidad y oportunidad) a los que accede la población, más allá de los que circulan en los medios masivos;

● Actividades de asistencia y/o transferencia relacionadas con aspectos sanitarios (específicos de la pandemia y de la salud en su sentido más amplio), alimentarios, nutricionales, psicosociales, educativos, laborales, económicos, comunitarios, productivos, tecnológicos, sociales, etc.

La complejidad de esta grave situación exige convocar la mayor diversidad de disciplinas de todas las áreas del conocimiento, puesto que múltiples miradas, variedad de herramientas y todos los esfuerzos son indispensables para enfrentar un escenario signado por las incertidumbres y las urgencias.

Considerando las características particulares del contexto, la participación estudiantil en este tipo de actividades representa, al mismo tiempo, una meta difícil y una ventana de posibilidades (para fortalecer de algún modo la relación educativa que resulta fuertemente interpelada por las medidas de distanciamiento establecidas). Pensar la crisis en clave de extensión y de integralidad implica hacer lugar a las inquietudes e iniciativas que la situación provoca en docentes, estudiantes, egresados/as y funcionarios/as; implica construir espacios de reflexión colectiva y problematización ligados a la experiencia; implica habitar la emergencia construyendo respuestas posibles y preguntas nuevas que puedan ser abordadas en proyectos posteriores, dialógicos, de mayor envergadura.

Objetivos y características

El presente llamado busca promover y apoyar el vínculo de los equipos universitarios con actores no universitarios. Podrán ser financiadas (total o parcialmente) acciones y actividades llevadas adelante por equipos universitarios en vínculo con actores no universitarios a través de la difusión, asistencia, divulgación científica y/o procesos de transferencia tecnológica.En respuesta a la emergencia sanitaria y social se busca canalizar pequeños montos que permitan realizar acciones y/o actividades de manera ágil, eficiente y transparente. Para ello se recibirán propuestas en la modalidad de “goteo”. Las mismas serán evaluadas y eventualmente apoyadas -de recibir una evaluación positiva- a medida que se reciben.El Programa estará abierto durante todo el año 2020.

Los recursos para financiar este llamado provendrán inicialmente de fondos reasignados por la CSEAM para este fin. La Universidad podrá poner a disposición otros recursos en función del número de propuestas presentadas y aprobadas. La organización y gestión de los fondos estará cargo de la CSEAM.

Procedimiento para la postulación

Las propuestas se presentarán a través de un breve formulario en línea disponible aquí

 donde se indicará sintéticamente: 

(i) breve descripción del problema que se busca abordar (hasta 2500 caracteres);(ii) principales objetivos perseguidos por la iniciativa (1.500 caracteres);(iii) propuesta para concretar la iniciativa (hasta 2500 caracteres);(iv) antecedentes en caso de existir (hasta 1500 caracteres);(v) requerimientos de gastos e inversiones (hasta 1500 caracteres);(vi) actor/es no universitario/s vinculados a la propuesta y antecedentes previos de trabajo, encaso de existir (hasta 1500 caracteres) ;(vii) tiempo estimado para desarrollar la iniciativa (hasta 300 caracteres) ;(viii) responsable(s) (máximo dos) e integrantes del equipo de trabajo con breve descripción deantecedentes (hasta 2.500 caracteres). (se adjuntará CV de responsable/s)

¿Quiénes pueden presentar iniciativas e integrar equipos?

Podrán presentar propuestas equipos universitarios compuestos por docentes, estudiantes, egresados y/o funcionarios TAS de la Universidad de la República. Los equipos podrán estar integrados por actores no universitarios. No obstante, en todos los equipos deberá participar al menos un/a docente que será el responsable de la ejecución presupuestal ante la Universidad de la República.

Cada docente puede ser responsable de un máximo de dos propuestas que se estén ejecutando.Se valorarán especialmente aquellas propuestas que se desarrollen en colaboración con organizaciones sociales/territoriales, y también aquellas que involucren estudiantes tanto en su elaboración como en su desarrollo. En todos los casos que existan programas o servicios universitarios que ya están trabajando en el territorio donde se propone la actividad, se deberá procurar articular y coordinar acciones de modo de evitar superposiciones.

Pasos de la presentación y su evaluación

i.- Las solicitudes al Programa se harán en cualquier momento hasta diciembre de 2020.ii.- Las iniciativas se presentarán a través de un formulario en línea.iii.- La evaluación de las iniciativas estará a cargo del Grupo de trabajo “Acción universitaria en el medio” creado por Rectorado (Comunicado 7 del 24 de marzo 2020).iv.- Las iniciativas que el “Grupo de trabajo “Acción universitaria en el medio” recomiende serán apoyadas de forma inmediata hasta tanto los recursos lo permitan.v. Las postulaciones presentadas se evaluarán de acuerdo a los criterios de pertinencia, consistencia y viabilidad.vi.- Las iniciativas requerirán el aval del servicio de el/la responsable. En caso de dos responsables que revisten en servicios diferentes, se requerirá aval de ambos servicios. Se recibirán los avales de los servicios hasta 15 días después de presentada la iniciativa.vii. En caso de propuestas en las que participen instituciones u organizaciones no universitarias, se adjuntará al formulario de solicitud una nota de aval firmada -por al menos una de las implicadas en la actividad, en caso de ser varias.

Montos

i.- Cada iniciativa puede solicitar hasta 35.000 pesos uruguayos.ii.- Si una iniciativa, dada su magnitud o abordaje, requiere diversas acciones que pueden darlugar a varias iniciativas específicas, se podrá presentar el conjunto de iniciativas bajo unamisma solicitud por montos mayores. Cada actividad deberá tener un/a docente responsable, yse designará un/a docente referente del conjunto. El formulario de presentación prevé lajustificación de dicho conjunto.

Apertura del llamado: 27 de abril de 2020

Consultar las bases de la convocatoria Aquí

Este llamado está dirigido a impulsar iniciativas concretas y de corto plazo que contribuyan a enfrentar la situación de emergencia sanitaria y social generada por el COVID 19 y sus impactos.

Justificación

La situación crítica que atraviesa el país y la responsabilidad que tiene la Universidad de la República de aportar a la mitigación de la pandemia, así como de contribuir al bienestar general de la población con particular foco en los efectos sociales y económicos que perjudicarán duramente a los sectores más vulnerados de la sociedad, han despertado un fuerte compromiso de parte de funcionarios/as, docentes, estudiantes y egresados/as que se expresaen acciones e iniciativas concretas de colaboración cotidiana.

En este marco, se vuelve necesario pensar en clave de extensión e integralidad y articular saberes de diversas disciplinas con saberes comunitarios, para ensayar respuestas a una profunda crisis que trasciende -claramente- lo sanitario. La cercanía de diferentes equipos universitarios con organizaciones sociales y vecinales que actualmente procesan alternativas frente al desastre, así como la presencia de la Udelar en múltiples territorios a lo largo y anchodel país, configuran dos fortalezas que es preciso potenciar en este contexto. Las circunstancias exigen líneas de trabajo en dos tiempos: durante la emergencia y de cara al futuro próximo que estará atravesado, a todo nivel, por el impacto.

● El presente llamado se concentra en la emergencia, por lo que contempla los siguientes desafíos:

1. Desplegar acciones basadas en el cuidado, cumpliendo y promoviendo las medidas indicadas en ese sentido por las autoridades sanitarias y universitarias, lo que implica concebir dispositivos e iniciativas novedosos, recurriendo a la creatividad y a los medios tecnológicos disponibles.

2. Diseñar actividades ejecutables en el corto plazo y en tiempos acotados, por lo que puede resultar muy pertinente apoyar actividades vinculadas con procesos que ya estén en marcha, aunque ello no constituye un requisito excluyente.Siendo múltiples las actividades, parece imprescindible generar propuestas variadas que se valoren como pertinentes en el diálogo con los actores sociales de los distintos territorios. Se plantea a modo de ejemplo:

● Actividades de divulgación científica y cultural que favorezcan la comprensión del problema en todas sus dimensiones, con aportes de todas las áreas del conocimiento, en formatos capaces de llegar a diferentes interlocutores;● Actividades de comunicación y/o difusión que amplifiquen las voces de las organizaciones sociales y vecinales de todo el país, y que contribuyan a diversificar los contenidos (considerando criterios de calidad y oportunidad) a los que accede la población, más allá de los que circulan en los medios masivos;

● Actividades de asistencia y/o transferencia relacionadas con aspectos sanitarios (específicos de la pandemia y de la salud en su sentido más amplio), alimentarios, nutricionales, psicosociales, educativos, laborales, económicos, comunitarios, productivos, tecnológicos, sociales, etc.

La complejidad de esta grave situación exige convocar la mayor diversidad de disciplinas de todas las áreas del conocimiento, puesto que múltiples miradas, variedad de herramientas y todos los esfuerzos son indispensables para enfrentar un escenario signado por las incertidumbres y las urgencias.

Considerando las características particulares del contexto, la participación estudiantil en este tipo de actividades representa, al mismo tiempo, una meta difícil y una ventana de posibilidades (para fortalecer de algún modo la relación educativa que resulta fuertemente interpelada por las medidas de distanciamiento establecidas). Pensar la crisis en clave de extensión y de integralidad implica hacer lugar a las inquietudes e iniciativas que la situación provoca en docentes, estudiantes, egresados/as y funcionarios/as; implica construir espacios de reflexión colectiva y problematización ligados a la experiencia; implica habitar la emergencia construyendo respuestas posibles y preguntas nuevas que puedan ser abordadas en proyectos posteriores, dialógicos, de mayor envergadura.

Objetivos y características

El presente llamado busca promover y apoyar el vínculo de los equipos universitarios con actores no universitarios. Podrán ser financiadas (total o parcialmente) acciones y actividades llevadas adelante por equipos universitarios en vínculo con actores no universitarios a través de la difusión, asistencia, divulgación científica y/o procesos de transferencia tecnológica.En respuesta a la emergencia sanitaria y social se busca canalizar pequeños montos que permitan realizar acciones y/o actividades de manera ágil, eficiente y transparente. Para ello se recibirán propuestas en la modalidad de “goteo”. Las mismas serán evaluadas y eventualmente apoyadas -de recibir una evaluación positiva- a medida que se reciben.El Programa estará abierto durante todo el año 2020.

Los recursos para financiar este llamado provendrán inicialmente de fondos reasignados por la CSEAM para este fin. La Universidad podrá poner a disposición otros recursos en función del número de propuestas presentadas y aprobadas. La organización y gestión de los fondos estará cargo de la CSEAM.

Procedimiento para la postulación

Las propuestas se presentarán a través de un breve formulario en línea disponible aquí

 donde se indicará sintéticamente: 

(i) breve descripción del problema que se busca abordar (hasta 2500 caracteres);(ii) principales objetivos perseguidos por la iniciativa (1.500 caracteres);(iii) propuesta para concretar la iniciativa (hasta 2500 caracteres);(iv) antecedentes en caso de existir (hasta 1500 caracteres);(v) requerimientos de gastos e inversiones (hasta 1500 caracteres);(vi) actor/es no universitario/s vinculados a la propuesta y antecedentes previos de trabajo, encaso de existir (hasta 1500 caracteres) ;(vii) tiempo estimado para desarrollar la iniciativa (hasta 300 caracteres) ;(viii) responsable(s) (máximo dos) e integrantes del equipo de trabajo con breve descripción deantecedentes (hasta 2.500 caracteres). (se adjuntará CV de responsable/s)

¿Quiénes pueden presentar iniciativas e integrar equipos?

Podrán presentar propuestas equipos universitarios compuestos por docentes, estudiantes, egresados y/o funcionarios TAS de la Universidad de la República. Los equipos podrán estar integrados por actores no universitarios. No obstante, en todos los equipos deberá participar al menos un/a docente que será el responsable de la ejecución presupuestal ante la Universidad de la República.

Cada docente puede ser responsable de un máximo de dos propuestas que se estén ejecutando.Se valorarán especialmente aquellas propuestas que se desarrollen en colaboración con organizaciones sociales/territoriales, y también aquellas que involucren estudiantes tanto en su elaboración como en su desarrollo. En todos los casos que existan programas o servicios universitarios que ya están trabajando en el territorio donde se propone la actividad, se deberá procurar articular y coordinar acciones de modo de evitar superposiciones.

Pasos de la presentación y su evaluación

i.- Las solicitudes al Programa se harán en cualquier momento hasta diciembre de 2020.ii.- Las iniciativas se presentarán a través de un formulario en línea.iii.- La evaluación de las iniciativas estará a cargo del Grupo de trabajo “Acción universitaria en el medio” creado por Rectorado (Comunicado 7 del 24 de marzo 2020).iv.- Las iniciativas que el “Grupo de trabajo “Acción universitaria en el medio” recomiende serán apoyadas de forma inmediata hasta tanto los recursos lo permitan.v. Las postulaciones presentadas se evaluarán de acuerdo a los criterios de pertinencia, consistencia y viabilidad.vi.- Las iniciativas requerirán el aval del servicio de el/la responsable. En caso de dos responsables que revisten en servicios diferentes, se requerirá aval de ambos servicios. Se recibirán los avales de los servicios hasta 15 días después de presentada la iniciativa.vii. En caso de propuestas en las que participen instituciones u organizaciones no universitarias, se adjuntará al formulario de solicitud una nota de aval firmada -por al menos una de las implicadas en la actividad, en caso de ser varias.

Montos

i.- Cada iniciativa puede solicitar hasta 35.000 pesos uruguayos.ii.- Si una iniciativa, dada su magnitud o abordaje, requiere diversas acciones que pueden darlugar a varias iniciativas específicas, se podrá presentar el conjunto de iniciativas bajo unamisma solicitud por montos mayores. Cada actividad deberá tener un/a docente responsable, yse designará un/a docente referente del conjunto. El formulario de presentación prevé lajustificación de dicho conjunto.

Apertura del llamado: 27 de abril de 2020

Consultar las bases de la convocatoria Aquí

La Universidad de la República aprobó la creación de la Beca Laptop dirigida al estudiantado postulante de las becas de Bienestar Universitario que no tenga condiciones para acceder a las actividades de enseñanza de manera virtual.
En tal sentido, se informa a la población estudiantil solicitante de becas, que desde el 20 al 26 de abril se les estará consultando de las necesidades de equipamiento informático para continuar sus actividades académicas.
Se solicitan presten especial atención a sus casillas de correo electrónico y a los canales institucionales de Bienestar Universitario para enterarse de las novedades.
Por consultas: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Formulario de solicitud de la Beca Laptop: https://formularios.udelar.edu.uy/forma/

En vista al compromiso de la Institución de buscar asegurar que todo el estudiantado se encuentre en condiciones de cursar bajo las modalidades de enseñanza no presencial, (motivado por la pandemia del Covid-19) el rector de la Udelar, Rodrigo Arim aprueba la creación de la beca Laptop. La misma busca garantizar el acceso a internet y a equipos informaticos a la población estudiantil solicitante de cualquier tipo de beca en Bienestar Universitario. Se enmarca en un convenio firmado entre la Universidad de la República y el Plan Ceibal.

En el Comunicado Covid-19, N° 13 de Rectorado se establece que la reglamentación de esta nueva beca estará a cargo de Bienestar Universitario (SCBU), así como los criterios para la definición de su población objetivo y su respectiva adjudicación con los apoyos que estime pertinentes.  La resolución señala que la adjudicación de los equipos informáticos no debe ir más allá del 15 de mayo de 2020.  

VER COMUNICADO N°13